Por Francisco José Quezada Jurado
La migración constituye uno de los fenómenos sociales más relevantes de la actualidad. En América Latina y el Caribe, el número de personas migrantes ha superado los 17 millones en los últimos años, reflejando un crecimiento significativo impulsado por factores económicos, sociales, políticos y de seguridad que limitan las oportunidades en los países de origen.
Las remesas se han convertido en una fuente esencial de ingresos para millones de familias y en un importante apoyo para las economías de los países en desarrollo, tal como lo señala el Banco Mundial. Sin embargo, esta visión económica suele dejar en un segundo plano el impacto humano de la migración.
Detrás de cada persona migrante existe una historia marcada por la necesidad, la incertidumbre y el sacrificio. La separación familiar, la pérdida de vínculos afectivos y las consecuencias emocionales representan costos que no pueden medirse únicamente en indicadores económicos.
El desafío para los gobiernos y las sociedades radica en prevenir y reducir la migración irregular mediante políticas públicas integrales que atiendan sus causas estructurales y fortalezcan los mecanismos de control y gestión migratoria. Paralelamente, resulta fundamental promover una migración legal, ordenada y regulada, sustentada en procedimientos institucionales que garanticen el cumplimiento de la normativa, la protección de los derechos de las personas.
Sobre el autor: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con más de 10 años de experiencia en Administración Pública, cargos: Director Administrativo, Congreso de la República; Administrador General, Ministerio de Cultura y Deportes; Secretario General, Administrador General Del Despacho del Superintendente, Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-;