Francisco José Quezada Jurado
La gobernanza migratoria enfrenta hoy desafíos que superan la capacidad de respuesta de los marcos jurídicos tradicionales. Naciones Unidas estima en 304 millones el número de migrantes internacionales, cifra que en 2026 vuelve a poner en evidencia la urgencia de fortalecer la cooperación entre Estados, tal como lo reconoce el propio Secretario General en su más reciente informe sobre el Pacto Mundial para la Migración.
Un primer desafío es estructural: el Pacto Mundial es un instrumento de derecho blando que respeta la soberanía de cada Estado para decidir quién entra y permanece en su territorio. Su carácter no vinculante limita la posibilidad de exigir el cumplimiento de compromisos comunes en materia de gobernanza migratoria, aunque ello no exime a los Estados de las obligaciones internacionales que han asumido en materia de derechos humanos.
Un segundo desafío es tecnológico: el uso creciente del reconocimiento facial, los perfiles de riesgo algorítmico y las bases de datos interoperables avanza más rápido que la capacidad de los Estados para regular estas herramientas, generando vacíos de rendición de cuentas y nuevos desafíos para la protección de datos, especialmente frente a quienes cuentan con menos recursos para exigirla.
Un tercer desafío corresponde a la naturaleza misma del fenómeno: en países como Guatemala, la migración sigue respondiendo a causas estructurales como la pobreza, la falta de empleo y la violencia, que ningún endurecimiento del control fronterizo ha logrado revertir por sí solo. Tratar la migración únicamente como un problema de seguridad, en lugar de atender sus causas de fondo, sigue siendo uno de los principales obstáculos para construir una política migratoria efectiva.
Ninguna política migratoria se mide solo por cuánta migración logra contener, sino también por cuánta dignidad logra no sacrificar en el intento. Los avances normativos, tecnológicos y de cooperación internacional serán insuficientes si no van acompañados de decisiones concretas, mejores procedimientos, mayor protección de datos y procesos más claros que reconozcan que detrás de cada expediente migratorio hay una persona enfrentando una realidad concreta y tomando decisiones que afectan su proyecto de vida.
Sobre el autor: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con más de 10 años de experiencia en Administración Pública, cargos: Director Administrativo, Congreso de la República; Administrador General, Ministerio de Cultura y Deportes; Secretario General, Administrador General Del Despacho del Superintendente, Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-;