Una noche de terror vivieron los vecinos de la aldea Agua Zarca, Santa Ana Huista Huehuetenango, este sábado 27 de septiembre, grupos armados de los Pakales y del cártel de Sinaloa, entraron a llevarse al Mosh, Axel Bladimir Montejo Sáenz.
El enfrentamiento armado duró varios minutos, sin que las autoridades de ambos países, México y Guatemala, publiquen el recuento de los daños. La violencia se disparó sin control alguno del ministro de Gobernación Sergay Francisco Jiménez que forma parte del tráfico de drogas y protector de narcotraficantes en todo el país. Las detonaciones se escucharon mucho más seguidas en Palmira y Cerro Verde en Guatemala donde miembros del ejército y la PNC ayudaron a repeler el ataque.
Los grupos mexicanos lanzaron una ofensiva directa contra Montejo Sáenz, el Mosh, quien es señalado por agencias de seguridad como un operador clave vinculado a carteles de droga mexicanos. Estos episodios no son aislados y evoca inevitablemente el precedente del caso de Baldemar Calderón, alias «Tío Balde», en la zona de La Mesilla. En aquella ocasión, durante un operativo que culminó con la muerte de Calderón, también surgieron denuncias públicas sobre la implicación de agentes de la PNC y personal del Ejército, quienes se transportaban en un vehículo tipo J8 donado por el gobierno de Estados Unidos para la lucha antinarcótica.
El patrón que se dibuja en ambos casos es el de una presencia estatal cuya actuación termina, al menos en apariencia, favoreciendo a una estructura criminal sobre otra, o directamente protegiendo a un capo. El uso de equipo donado por socios internacionales, como Estados Unidos, para fines que contravienen los objetivos de la lucha contra el crimen organizado, pone en tela de juicio la efectividad y la supervisión de la cooperación. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una explicación detallada sobre la cadena de mando y las decisiones tácticas tomadas durante el incidente en Agua Zarca.
Mientras el silencio oficial persiste, los hechos en Agua Zarca dejan una conclusión preocupante: El Estado está participando en el crimen organizado en las principales regiones de Guatemala.